Carta de un empresario indignado

Estos días estamos asistiendo a otra de las lamentables batallas políticas entre los dos partidos mayoritarios que no hacen más que perjudicar, en este caso, la Formación Profesional para el Empleo, un sistema en el que participan miles de empresas y profesionales de la formación que llevan 22 años haciendo un trabajo serio y riguroso.

En este caso, y gracias a los medios de comunicación que están ávidos de noticias sensacionalistas, se ha difamado sin distinciones a todos los centros de formación de Andalucía, y por extensión, a todo el sector a nivel nacional; magnificándose un presunto fraude que algunos periódicos ya catalogan de 4.000 milllones de €. Y yo me pregunto: ¿de dónde salen estos números?, ¿ya no se contrasta ninguna información?. La UDEF está investigando, según se informa en esos mismos medios que divulgan magnos disparates, 17 expedientes de 2010 en la provincia de Málaga por un valor de 1,5 millones de € (de los cuales, por cierto no se ha demostrado fraude ni se ha judicializado a nadie). ¿Cómo llegan entonces los periodistas a afirmar que «ésta es la mayor trama de corrupción de la historia»?, ¿de dónde salen las cifras multimillonarias que los periodistas sacan?

Los que trabajamos en esto tenemos claro el tremendo disparate de las cifras que se comentan pero nuestros conciudadanos no. 2.000 millones de € es el presupuesto para todos los tipos de Formación Profesional para toda Andalucía de todo un sesenio. ¿Todo el sistema y todos los que participamos en él somos un fraude?

Al hilo de este tema, os transcribo una carta que me ha llegado de un compañero del sector cuyas palabras suscribo completamente, ya que todos hemos sido tremendamente perjudicados en esta batalla por el poder que establecen los políticos, que solo piensan en como ganar votos y no en como hacer lo mejor para los ciudadanos a los que gobiernan.

Carta de un empresario indignado

«Como empresario y profesional de la formación, me siento profundamente indignado por las recientes declaraciones que nos han bombardeado desde la prensa con la intención de incriminar de forma genérica a toda la formación que se ha hecho en Andalucía, aludiendo a 2.000 millones de € de fraude, lo que considero un desatino y una tropelía sin calibrar por parte de nuestros políticos.

Los acuerdos de los políticos y los sistemas que ellos generaron, según sus criterios para dar cobertura a la formación, no pueden servir 22 años después de haberlos creado ellos mismos para denunciarse mutuamente, en una continua revancha política.

Todas estas noticias se han “filtrado” a partir de las indagaciones abiertas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la policía, en base a unas “supuestas denuncias” por las que los cursos dirigidos a los desempleados no se han estado ejecutando, usando de forma fraudulenta las subvenciones.

Atribuir a todo el sistema la calificación de corrupto, tiene el perjuicio colateral ante la ciudadanía de deslegitimar y desprestigiar todo un sistema, que seguro puede tener errores, pero que no son generalizados.

Durante estos 22 años hemos atendido de forma profesional a miles de desempleados que se han formado en nuestras aulas, trabajando junto con miles de profesionales serios y rigurosos que han conformado nuestros equipos docentes, colaborando con empresas que han acogido en prácticas a nuestros alumnos y lo que es más importante: empresas que, en muchos casos, tras las prácticas y sin que el curso tuviera compromiso de contratación han contratado a esos alumnos.

¡Hemos sido un sector que ha ayudado a cualificar a nuestros conciudadanos y ha generado empleo!

Se está atacando a nuestro sector en general a través de medios de comunicación, sin contrastar la información y sin que esté judicializado el tema aludiendo a unas investigaciones hechas por la policía, aparentemente desconocedora de la norma ya que, en estas noticias se denuncia como irregular lo que la propia normativa que nos rige, obliga.

Se dice que las entidades de formación no hemos reclamado judicialmente el dinero que la Junta de Andalucía nos debe. Lo que los periodistas no se han molestado en averiguar es que la Junta nos retiene el 25% de la subvención hasta verificar que se ha cumplido y aplicado correctamente  la normativa que controla el curso ejecutado, ya que de no ser así, está en la obligación de retraernos los costes no justificados de lo retenido y, en caso de superarse, reclamarnos el importe de las partidas que nos abonaron. Todo un proceso legal y contenido en la norma para proteger parte de los fondos públicos.

La prensa, acuciada por los intereses políticos está lanzando un sinfín de despropósitos sin medida, que sólo manchan a los centros de formación, empresas que ya estamos bastante perjudicadas por los retrasos en los abonos de los expedientes que habiéndose justificado, ya deberían estar revisados.

En Andalucía las empresas  de formación privadas  recibimos menos del 25% del presupuesto que la Junta destina a la Formación Profesional para el Empleo. El resto, es decir, más del 75% lo reciben otras entidades y entre ellas, muchas públicas:

• – Los Ayuntamientos, las Diputaciones, las Mancomunidades, las ONGS ,  Asociaciones Culturales,  de inserción, medios propios de la Junta, etc.
• – Las Cámaras de Comercio, los Agentes Sociales, Asociaciones de Empresarios Provinciales, Sectoriales…
• – Las Asociaciones de Economía Social, Asociaciones de Autónomos, Consorcios…
• – Las empresas que sin ser centros de formación han pedido formación para formar  y contratar, Grandes Almacenes, empresas de distintos sectores….
• – Y cientos de tipologías de entidades más que hay en el escenario andaluz.

Se está haciendo un ataque frontal a nuestros centros de formación cuando los intervinientes son muchos otros y el grueso de la formación está en otros tejados.

Estas peleas políticas hunden nuestros centros, destrozan los empleos de nuestros formadores, arruinan nuestras familias… cuando la verdadera responsabilidad está en los políticos que durante 22 años han mantenido un sistema que si no lo veían adecuado, ya habían podido cambiarlo hace tiempo todos los grupos políticos que han gobernado en este país. Los mismos políticos que lo han mantenido, ahora atacan sin miramientos y perjudican a los únicos que con su trabajo han conseguido el mayor porcentaje de inserción de trabajadores, los centros de formación.

Por ello pido a esos mismos políticos que se hagan públicos resultados de alumnos que han conseguido trabajo a través de los centros de formación andaluces y que  se hagan públicos, al mismo tiempo, los que han conseguido los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades…, ya que, aunque la mayor parte de los cursos ejecutados por nuestros centros hayan sido sin compromiso de contratación, somos las empresas de formación las que hemos buscado trabajo a nuestros alumnos. ¡Los demás que lo demuestren!.

Con las noticias aparecidas, se está transmitiendo  a la sociedad española que cualquier persona que haya trabajado en formación y en Andalucía es un corrupto, porque eso es lo que se ha vertido a la opinión pública.

Mentir descaradamente con cifras en las que se superan los 2000 millones de € de fraude, es decir que todo aquél que ha participado en el sistema también está corrupto.

Han llamado corruptos a todos los alumnos que han participado en nuestros cursos de formación y no nos han denunciado si han visto irregularidades. Cientos de miles de alumnos en estos años, todos adultos y muchos expulsados por la crisis de sus empresas, verdaderos profesionales de su profesión, ahora se les llama corruptos, o cómplices de un sistema que les engañaba. ¡Que se haga público el número de desempleados que ha participado en las convocatorias de 2009, 2010, 2011 en formación! (En 2012 y 2013 ni siquiera hemos tenido convocatoria).

Con las cifras que algunos manejan intencionadamente, más de 2.000 millones de € de fraude, han llamado corruptos a los familiares y amigos de todo aquel que ha participado en un curso de formación por no denunciar los fraudes, que seguro conocerían.

Han llamado corruptos a miles de  profesores y tutores, que supuestamente cobraban por no hacer nada.

Han llamado corruptos al personal de gestión y auxiliares administrativos de nuestros centros que cobraban por no gestionar los miles de papeles oficiales (fichas técnicas, fichas de monitores, fichas de inicio, fichas de alta y baja de alumnos, fichas de finalización, fichas de incidencias, programaciones didácticas, partes de asistencia, recibís de materiales didácticos…) que se necesitan para hacer un curso de estas características.

Han llamado corruptos a todos los políticos que tenían competencia en materia de formación, alcaldes, concejales, presidentes de Mancomunidades, Diputaciones, Empresas Públicas que han ejecutado cursos para desempleados.

Han llamado corruptos a los cientos de auditores que en Andalucía auditan los expedientes de los cursos y sus justificaciones económicas, porque debemos recordar que la subvención la recibe una entidad, pero que el dinero se justifica en base a costes soportados y justificados y auditados, en base a una normativa extensa.

Han llamado corruptos a las empresas que recibían alumnos en prácticas.

Han llamado corruptos a las empresas que contrataban alumnos procedentes de los cursos aún cuando no tuvieran los cursos compromiso de contratación.

Son corruptos, según lo divulgado, también todos los funcionarios públicos y personal laboral de la Junta de Andalucía que ha trabajado en la gestión, verificación y desarrollo de las acciones formativas.

Existe una amplia y rigurosa normativa que las entidades colaboradoras hemos cumplido en base a las pautas marcadas por la Administración. Las normas son rigurosas y si hay entidades que las han incumplido, que se actúe sobre éstas. Los alumnos están obligados a firmar diariamente su asistencia y las entidades a entregar mensualmente los partes de firmas.

Los cursos que se están denunciando no son “cursitos”, son cursos muy especializados de larga duración, de entre 150 y 900 horas. En estos últimos años los alumnos, en un alto porcentaje, han sido adultos y profesionales de sectores que han sufrido con la crisis; rigurosos, serios, exigentes y responsables con su tiempo y la formación que recibían. Si hay tanto fraude ¿Dónde están las denuncias de los alumnos? Donde estén que se investiguen.

La Junta de Andalucía ha recibido nuestras justificaciones y toda la documentación que conlleva una acción formativa, en tiempo y forma y ha podido verificar todo, si no lo ha hecho no es responsabilidad de los que la hemos ejecutado y entregado según todos los requisitos de la normativa.

La policía judicial, ¿conoce la norma de aplicación a la Formación Profesional para Desempleados que se aplica en Andalucía? Lo que se traslada como fraude  en prensa y algunas denuncias no están conforme a irregularidad, ya que la normativa contempla que administrativamente se procederá a reclamar donde no haya cumplimiento.

¿Por qué la prensa (cómplice de esta difamación) ha difundido sin miramientos un listado de empresas que han optado a cursos de formación con compromiso de contratación, cuando el único delito que han cometido es haber recibido cursos en un determinado lote?

¿Donde está la denuncia que da inicio a la investigación de la policía?

¿Cómo ha detectado la Seguridad Social el supuesto fraude por el que no se han contratado a los alumnos, si la TGSS no tiene “a priori” el listado de los alumnos?

Las entidades privadas de formación hemos sido atacadas quedando todo el sector como corrupto después de haber hecho el mejor trabajo de todo el sistema de desempleados de Andalucía.

Como profesional de la formación y empresario pido que se denuncie y se persigan los usos irregulares que se hayan dado y exijo que no se use la formación como caballo de batalla política. Los políticos deben proteger, vigilar y controlar los sistemas que ellos mismos generan y dan normativas para cumplir, así como sancionar irregularidades, pero no usarlo de confrontación política y enturbiar el nombre de Andalucía, de las entidades colaboradoras, de los Ayuntamientos, de las Cámaras, de la CEA, de los Sindicatos, de todos los que han intervenido y en los que se ha basado para llevar formación de calidad a todos los rincones de Andalucía.

Con este lamentable suceso nos han dejado claro que cualquier entidad que tenga un concierto con la administración está expuesta a ser exterminado a criterio político electoralista. Si hay agujeros negros que se denuncien y se depuren responsabilidades, pero que no se ataque de forma indiscriminada porque  se daña a todo un  sector, sector que ha existido y existe por la demanda de la sociedad y de la  Administración y que trabaja por mantener una sociedad más competitiva y cualificada y que ayuda a crear empleo.

Por todo lo anteriormente expuesto demando:

1. Reconocimiento social del trabajo que los profesionales del sector en la cualificación de los desempleados y su empleabilidad.
2. Valoración positiva de nuestro trabajo.
3. Y por último, reparar en todos los medios de comunicación y con la misma extensión los daños morales ocasionados a nuestro sector.

Un profesional de la formación indignado.»